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El gobierno de Biden ya se ha comprometido a hacer frente al cambio climático y la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha dado los primeros pasos hacia una reducción considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Su nuevo objetivo es reducir las emisiones de dos gases de efecto invernadero peligrosos: el metano y los hidrofluorocarbonos.
El metano se emite principalmente durante la extracción de gas natural, mientras que los hidrofluorocarbonos se utilizan en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Ambos son mucho más potentes que el dióxido de carbono y su eliminación es fundamental para frenar el calentamiento global.
La nueva propuesta sigue la línea de la ley aprobada por el Congreso en diciembre, por la que se aprueba una eliminación progresiva de los HFC en 15 años. La EPA pretende ahora reducir la producción y el uso de estos gases en EE.UU. en 85% en los próximos 15 años. La norma obtuvo un amplio apoyo de la comunidad empresarial y se considera la ley sobre cambio climático más importante en al menos una década.
En concreto, fue apoyada por la Asociación Nacional de Fabricantes, el Consejo Americano de Química y el Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración, que representa a las empresas que fabrican aparatos de aire acondicionado, calentadores de agua y equipos de refrigeración comercial para uso residencial y comercial. Además, grandes cadenas de supermercados, como Walmart y Whole Foods, se han comprometido a eliminar progresivamente las sustancias químicas en sus operaciones.
Como afirma la EPA, ayudará a promover el liderazgo estadounidense en innovación y fabricación de nuevos productos seguros para el clima y se calcula que reportaría $284.000 millones en beneficios entre 2022-2050, al tiempo que ahorraría dinero a la industria con productos químicos más baratos y equipos más eficientes energéticamente.
La nueva administración ha mostrado su determinación de volver a situar a EE.UU. en la senda de los objetivos mundiales, y es más importante que nunca que las empresas se ajusten a la legislación y normativa locales más recientes en materia de emisiones de GEI y sostenibilidad.
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