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El impacto de las empresas se produce a lo largo de toda la cadena de valor y la UE ya lo ha reconocido. La Comisión Europea ha vuelto a poner el listón muy alto al convertirse en el primer responsable político del mundo que toma una iniciativa concreta en materia de violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente en la cadena de suministro. La Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Empresarial (DDDSE) se aplicará tanto a las grandes empresas europeas como a las de fuera de la UE que hagan negocios en Europa.
Más concretamente, la directiva se aplicará en primer lugar a todas las empresas de la UE con más de 500 empleados y 150 millones de euros de ingresos en todo el mundo, y a las empresas no comunitarias activas en la UE con un volumen de negocios generado en la UE de 150 millones de euros. Dos años más tarde, se aplicará también a las empresas de la UE con 250 empleados y 40 millones de euros de volumen de negocios anual, y a las empresas no pertenecientes a la UE con un volumen de negocios generado en la UE de 40 millones de euros.
Se calcula que afectará a unas 13.000 empresas de la UE y a unas 4.000 de fuera de la UE. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) no han sido incluidas hasta ahora, sin embargo, se verán indirectamente afectadas porque a menudo forman parte de la cadena de valor de una empresa más grande.
La atención se centra principalmente en los sectores con un alto riesgo estructural de violaciones de los derechos humanos y/o del medio ambiente en sus cadenas de suministro. Según la OCDE, estos sectores son el textil, la agricultura, la silvicultura, la pesca, la industria alimentaria, las industrias extractivas, los productos metálicos básicos y manufacturados y los productos intermedios básicos, como los productos químicos.
Según la CDSD, las empresas deben reforzar sus políticas de derechos humanos y medio ambiente, las responsabilidades de sus consejos de administración, los procedimientos de diligencia debida y las acciones para evitar o mitigar los impactos adversos en todas las partes del ciclo de vida del producto, desde el abastecimiento de materias primas, pasando por el diseño y la producción, hasta la distribución y la eliminación. Quienes hagan caso omiso de estos requisitos se enfrentarán a multas. Dentro del ámbito de aplicación de la directiva, hay una disposición adicional que les obliga a adoptar planes de cambio climático acordes con el objetivo de calentamiento global de 1,5 grados del Acuerdo de París.
Cabe señalar que algunos Estados miembros de la UE ya han introducido sus propias normas nacionales de diligencia debida, entre ellos Alemania y Francia. Los Países Bajos también han iniciado debates sobre sus propias normas nacionales.
La UE pretende ahora que las empresas rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los daños al medio ambiente. Ahora las empresas tienen la oportunidad de seguir siendo competitivas.
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