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Por Nikos Avlonas, Presidente y Fundador del CSE
La necesidad de una transición justa está cobrando cada vez más importancia en la agenda de los inversores y los responsables políticos. Ya se ha convertido en una parte integral de muchos de los compromisos globales adoptados por los países, ya que está fuertemente vinculada a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, reuniendo los siguientes ODS: 12 - acción por el clima, 10 - reducción de las desigualdades, 8 - trabajo decente y crecimiento económico y 7 - energía asequible y limpia. Aunque se basa principalmente en consideraciones medioambientales, la transición justa también está determinada por otros cambios estructurales que afectan a los mercados laborales.
Para comprender mejor las intenciones de los inversores, a continuación se exponen algunos de los hechos más destacados del año anterior.
2022 será un año crítico en el que las instituciones financieras y las empresas que cotizan en bolsa prepararán sus planes de reducción a cero para publicarlos un año después. La COP26 marcó un hito en la agenda de los inversores. Las instituciones financieras, que representan $130 billones de capital, han firmado la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto, una alianza mundial de bancos, aseguradoras e inversores. Se han comprometido a aportar los $100 billones de inversión necesarios para alcanzar el cero neto en las próximas tres décadas.
La Alianza está adoptando una serie de medidas para acelerar la transición mundial, lo que está ejerciendo aún más presión sobre las empresas con altas emisiones de carbono. Sin embargo, no es la única presión que tienen que superar. Los inversores también tienen que asegurarse de que las empresas no exageran o tergiversan los beneficios de sus actividades. Es el fenómeno conocido como "lavado verde".
Además, la emisión de bonos sostenibles estableció un récord histórico a nivel mundial en 2021, superando $1 billones por primera vez en la historia, un aumento de 45% con respecto a 2020, mientras que los inversores emitieron más de $517bn de bonos verdes el año pasado. Esto supone un aumento de 50% respecto a los niveles de 2020 y de 343% respecto a los niveles de 2019, lo que demuestra que la demanda de bonos verdes, sociales y sostenibles por parte de los inversores institucionales, que aportan claros beneficios medioambientales y socioeconómicos, no muestra signos de disminuir.
Los inversores han intensificado su labor para responder a los riesgos y oportunidades del cambio climático. Para hacer frente a los retos, sus estrategias deben incorporar toda la gama de dimensiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de la inversión responsable.
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