¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los profesionales en la elaboración de informes ESG?

En vista de la aceleración de los cambios en ESG, especialmente en el panorama cambiante de los organismos normativos y los reglamentos de divulgación, los profesionales luchan por seguir el ritmo y mantenerse al día.

Según Bloomberg, en los últimos años los activos ESG superaron los 35 $trillones frente a los $30,6 billones de 2018. En 2025 es muy probable que alcancen los 50 billones. Es obvio que estas cifras implican un enorme número de inversiones en ESG. Sin embargo, ¿cómo podemos confirmarlo? La recopilación, el análisis y el control de los datos, así como las normas y marcos que compiten entre sí, varían de unas empresas a otras. De hecho, 85% de las empresas utilizan múltiples marcos de información ESG. Cuando a los directivos de las empresas se les permite revelar cualquier información corporativa que consideren fundamental y en el formato que elijan, esto puede dar lugar a un conjunto de datos ASG poco fiables e incoherentes.

Además, el laxo régimen normativo que puede enmarcar la información ASG es en sí mismo un enorme sesgo al que deben enfrentarse los vicepresidentes y los gestores ASG. De hecho, muchos profesionales de ESG han mencionado que "tienen dificultades para escuchar a través de todo el ruido y proporcionar métricas ESG relevantes y concisas para contar la historia ESG de su organización".

 Además, muchos altos ejecutivos aún no han incorporado la información ASG en sus informes anuales, mientras que otros acaban de empezar a hacerlo. Y aunque muchas empresas se comprometieron a un balance neto cero, ahora tienen dificultades para cumplirlo. ¿A qué se debe?

Una de las principales razones es el hecho de que cuanto más intentan las direcciones generales y los altos ejecutivos hacer operativa la sostenibilidad, peor equipadas están sus empresas para la tarea. Según la UE, la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), establece la norma por la que casi 50.000 empresas europeas tendrán que informar sobre su impacto climático y medioambiental. La directiva se publicó en abril de 2021 y entrará en vigor en 2023. El objetivo de la CSRD será proporcionar normas de información más claras y simplificadas.

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